En el ejercicio del derecho, y especialmente en el área inmobiliaria, la validez de los actos procesales depende de un cimiento fundamental: la correcta acreditación de la representación de las partes. En Cedré Soluciones Legales e Inmobiliarias, analizamos la reciente Sentencia Nro. 000048 de la Sala de Casación Civil del TSJ, dictada el 24 de febrero de 2026, la cual establece criterios determinantes sobre el control de la personería en el proceso.
El Caso: Sandra Uribe Escalante contra Miguel Ángel Ely Vásquez
La Sala de Casación Civil declaró CON LUGAR el recurso extraordinario de casación en una controversia donde la validez de la representación judicial fue el eje del debate. La sentencia subraya que el juez tiene el deber ineludible de verificar que quien actúa en nombre de otro posea las facultades suficientes y legítimas para hacerlo.
Puntos Clave y Doctrina de la Sala
La Sentencia 048 enfatiza que la representación no es una simple formalidad, sino un requisito de orden público procesal. Entre los extractos más destacados, la Sala señala:
“…la representación judicial de las partes constituye un presupuesto procesal de obligatorio cumplimiento, cuya verificación por parte del juzgador garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso…”
De este fallo se desprenden tres lecciones fundamentales para el foro jurídico:
- Suficiencia del Instrumento: El poder debe contener las facultades expresas para realizar actos de disposición o para actuar en instancias extraordinarias como la casación. No basta con un poder genérico si la ley exige facultades especiales.
- Cualidad del Otorgante: La sentencia recuerda que, cuando se representa a una persona jurídica, debe quedar plenamente acreditada la cualidad de quien otorga el poder (director, presidente, etc.) y su facultad estatutaria para delegar esa representación.
- Control de Personería: El juez no puede ignorar defectos en la representación. Si el poder es insuficiente o defectuoso, los actos realizados por el supuesto representante carecen de eficacia jurídica, lo que puede llevar a la nulidad de las actuaciones.
Impacto en el Sector Inmobiliario y Legal
Para los clientes de Cedré Soluciones Legales e Inmobiliarias, esta jurisprudencia es un recordatorio de por qué la revisión minuciosa de los poderes es nuestra prioridad. Ya sea para la firma de una compra-venta, un contrato de arrendamiento o una demanda de desalojo, un poder mal redactado o insuficiente puede anular años de litigio o invalidar una transacción millonaria.
Esta sentencia nos da la razón: la técnica jurídica en la redacción y verificación de poderes es la mejor garantía para la seguridad de su patrimonio.
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