Mediante sentencia de fecha 3 de agosto del 2023, la Sala Político Administrativa del TSJ, estableció que la medida cautelar de suspensión de efectos es una excepción al Principio de Ejecutoriedad del acto administrativo y una consecuencia de la presunción de legalidad de este para evitar lesiones irreparables por ejecución del mismo antes de dictar sentencia definitiva, aduciendo lo siguiente:
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