"No somos matemáticos, pero resolvemos problemas legales"
Se conoció a través de las redes sociales que en la Asamblea Nacional se sometió a discusión el proyecto de Ley de reforma parcial a la Ley del Registro Público y Notariado, en la cual se plantea la introducción del PETRO como referencia para el cálculo de las tasas y aranceles.
Aquí te lo dejamos para que lo conozcas 🤓👇
Mediante sentencia N° 203 del 01 de septiembre de 2021, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que las Inspectorías del Trabajo cuentan con la potestad de ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de las mismas. Al respecto, se indicó lo siguiente:
Mediante sentencia N°991 de fecha 30 de noviembre del 2017 la Sala Constitucional decidió la solicitud de revisión constitucional
sobre la decisión dictada el 05 de octubre de 2015
Mediante sentencia N° 107 del 30 de septiembre de 2021, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, prohibió que los abogados tomen fotos del expediente judicial, ya que el único medio permitido por ley es la solicitud y obtención de copias simples o certificadas. Al respecto, se afirmó que:
Las escuelas de derecho carecen en sus programas de materias que puedan dar herramientas a los abogados para conectar con el entorno legal. Allí se enseña muy bien terminos, concepto, procesos y procedimiento para formar abogados que manejen muy bien la dialéctica jurídica. Sin embargo, de esa formación surgen las siguientes interrogantes:
Mediante sentencia N° 128 del 27 de agosto de 2020, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que no puede declararse inadmisible una demanda por intimación y estimación de honorarios profesionales solo por el hecho de que el monto esté establecido o calculado en moneda extranjera. Al respecto, se precisó:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° RC 464 dictada en fecha 29.9.2021 en el caso: Promotora Key Point, C.A., consideró que sólo es posible condenar al pago en divisas en el caso de obligaciones contractuales, así señaló:
Mediante sentencia N° 152 del 19 de noviembre de 2020, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que la causa extraña no imputable suprime la relación de causalidad entre el daño sufrido por el acreedor y la conducta del deudor, ya que el perjuicio no proviene de la intención dañosa de éste ni de su negligencia, imprudencia o impericia, sino de un evento extraño e imprevisible que además resulta invencible, que impide de una u otra forma el cumplimiento en su oportunidad legal del obligado. Al respecto, determinó que:
Sentencia Nº 92 Fecha: 26/02/2016.
Caso: Recurso de casación de las partes en el juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que sigue MARIA RINA DI MARTINO PATRIARCA contra el GRUPO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ALTO CENTRO y CLÍNICAS RESCARVEN.
La Sala Consideró que no existió tercerización, porque el demandante prestó servicios para una contratista pero la relación jurídica que existió entre las partes no era una relación laboral. Se hacen consideraciones sobre la tercerización, la presunción de laboralidad y otros conceptos.
Decisión: Con lugar el recurso de casación; Anula el fallo recurrido; Sin lugar la demanda.
Mediante sentencia Nº 731, de fecha 25/07/2016 la Sala de Casación Social resolvió el Recurso de control de legalidad en el proceso que por diferencia y ajuste salarial sigue JORGE ANTONIO CHOPITE FUENTES contra LA VIDA EN VIDRIO y otros, señalando que el demandante no estableció y probó las condiciones necesarias para determinar si existió o no violación del principio de igual salario por igual trabajo (la no discriminación e igualdad, según el art. 89.5 CRBV, Convenios 100 y 111 OIT, artículos 100.4 y 109 y LOTTT, 9.e y 12, 13 y 14 RLOT). Para fijar el monto de salario se tendrá en cuenta el principio de igual trabajo igual salario y beneficios. No obstante, la normativa laboral reconoce se establezcan diferenciaciones o supuestos excluidos de “discriminación” o no violatorio del principio de no discriminación arbitraria, en función de evaluaciones de desempeño por productividad o privilegios fundamentados en criterios de relevancia cónsonos con el ordenamiento jurídico y de carácter general en el ámbito de la empresa, tales como cargas familiares, antigüedad al servicio del patrono, capacitación profesional, productividad, asiduidad, economía de materias primas, afiliación sindical y otros de naturaleza análoga. Declarando así Con Lugar el recurso de control de legalidad aduciendo entre otras cosas lo siguiente:
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